En un inesperado giro de los acontecimientos, la irrupción de un novedoso movimiento juvenil transformó el panorama de las elecciones mexicanas de este domingo. Hace apenas un mes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, parecía destinado a obtener una cómoda victoria de dos dígitos que le permitiría retrotraer al país a sus antiguas prácticas políticas y sus vicios autoritarios. Unas pocas semanas de protestas estudiantiles contra el duopolio que controla la televisión nacional –al que acusan de querer imponer la imagen de Peña Nieto a los votantes–, así como una serie de escándalos de corrupción, bastaron para que el candidato de izquierdas Manuel López Obrador avanzara significativamente en las encuestas.
El movimiento “#YoSoy132” tiene mucho en común con las movilizaciones que sacudieron al mundo durante el último año y medio, aunque con un matiz propio. Al igual que en Egipto, España y Estados Unidos, el uso masivo de Twitter, Facebook y demás redes sociales facilitó la organización de marchas y protestas. A diferencia de la Primavera Árabe, sin embargo, los jóvenes mexicanos no protestaban contra los actuales gobernantes sino contra un candidato opositor. A diferencia también del movimiento Occupy y de los movimientos estudiantiles mexicanos del pasado, los manifestantes se cuidaron muy bien de no entorpecer el tráfico vehicular o usurpar espacios públicos.
El denominador común de “#YoSoy132” es la frustración con la falta de progreso que ha caracterizado a la lenta transición democrática mexicana. El país es hoy más violento, más corrupto y más inequitativo de lo que era en 2001, cuando el PRI fue desplazado por primera vez del poder en setenta años. Los siguientes doce años de gobierno del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), sólo dieron una capa de barniz a los clásicos modos autoritarios de su predecesor.
Cuando el PAN asumió el poder, la expectativa general era que el cambio traería más honestidad administrativa. Pero los presidentes Vicente Fox (2000-06) y Felipe Calderón (2006-2012) rápidamente adoptaron las viejas mañas de patronazgo, corrupción y clientelismo del PRI. Durante esos años, el puntaje de México en el ranking de percepción de corrupción de Transparencia Internacional cayó del nivel (bajo) de 3.7, al abismalmente bajo de 3.0, el mismo de Malawi o Madagascar.
El amargo fracaso de la guerra contras las drogas, que produjo más de 60,000 muertos en los últimos cinco años, es el ejemplo más palmario de la debilidad institucional del estado. Esta debilidad es un legado del PRI, agravado por el PAN. De acuerdo con un estudio de la UNAM, sólo el 5 por ciento de los crímenes recibe algún castigo, mientras que, según una encuesta reciente de Gallup, sólo el 35 por ciento de los mexicanos confía en la policía. De 1,376 investigaciones de lavado de dinero realizadas por la administración Calderón entre 2007-2011, sólo 79 culminaron en alguna sentencia.
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En semejante contexto, enviar 45,000 soldados a calles y autopistas del país sólo sirvió para provocar a los delincuentes y agravar la situación. La decisión de Calderón de privilegiar la fuerza bruta por sobre la fuerza de la ley ha desencadenado una peligrosa carrera armamentista entre el gobierno y los grupos del crimen organizado, así como una disputa territorial entre gangas de traficantes que ha destruido la estructura social en muchas partes de México.
Las administraciones panistas hicieron otras dos cosas muy graves: dejar de lado la larga tradición mexicana de separación de la Iglesia y el Estado y vulnerar el pacto cívico-militar que regía de hecho en el país desde la era post-revolucionaria. En efecto, el presidente Fox le dio a la jerarquía eclesiástica un protagonismo inédito en la vida política mexicana del siglo XX; en 2002, durante la última visita de Juan Pablo II, y en una sorprendente muestra de subordinación de un jefe de Estado a un mandatario extranjero, Fox se arrodilló y besó el anillo del papa. La importancia simbólica de este hecho no es nada menor: uno de los principales objetivos de la Revolución Mexicana de 1910-17 fue limitar el poder económico, cultural y político de la Iglesia católica. Este año, en otro claro intento de capitalizar políticamente la presencia de un papa, Calderón invitó a Benedicto XVI a visitar México apenas unos días antes del inicio de la campaña electoral.
Calderón ha abierto también la puerta de la política a los militares. En una región en donde golpes y guerras civiles han sido la norma, México se caracterizó durante más de medio siglo por la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Desde 1946 el ejército se había mantenido en efecto al margen de la vida política; esto cambió a partir del momento en que Calderón dio poder a los generales con su desesperada “guerra contra las drogas”.
Históricamente, Iglesia y ejército han sido los dos pilares del autoritarismo latinoamericano. Al devolverle poder a ambas instituciones, Calderón ha socavado los cimientos de la democracia mexicana, que de ahora en más puede verse amenazada cada vez que aquellas sientan que sus intereses están en peligro. El pueblo mexicano está ansioso por probar los frutos de la transición democrática; también está preparado para un verdadero cambio de régimen. Hace apenas un mes, el PRI parecía una opción creíble, con un candidato joven y telegénico que concitaba el apoyo de la corporación mediática y de los poderosos, y que cortejaba activamente al gobierno de EE.UU.
Pero la imagen de Peña Nieto se derrumbó rápidamente cuando éste quedó envuelto en una serie de escándalos de corrupción que lo pintaron como otro político corrupto de la vieja guardia. La DEA y el gobierno mexicano están investigando la posible complicidad con el cartel Los Zetas de tres ex gobernadores del estado de Tamaulipas cercanos a Peña Nieto. El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien Peña Nieto nombró presidente del PRI, dejó a su estado con una deuda de tres mil millones de dólares, sospechada también de corrupción. Y este mes, tres asesores de alto nivel del candidato del fueron acusados en cortes estadounidenses de fraude por haber supuestamente robado dinero de la campaña.
El reciente informe sobre pagos que Peña Nieto habría realizado a las principales cadenas televisivas mexicanas para garantizar una cobertura positiva de su campaña, publicado por el diario británico The Guardian, ha mostrado que su imagen de político limpio es más un invento de los medios que una realidad. La vasta mayoría de los mexicanos se informa a través de la televisión, que está controlada por dos cadenas, Televisa y TV Azteca. Una de las principales demandas del movimiento #YoSoy132 es precisamente que estas cadenas dejen de lado su alevoso favoritismo por la candidatura de Peña Nieto.
La respuesta de Peña Nieto a estas adversidades ha sido remplazar su anterior mensaje de “cambio” por uno que lo presenta simplemente como “un ganador”. Ya no pretende representar algo nuevo. De paso, y para aventar sospechas en Washington de que de resultar vencedor el domingo negociaría un acuerdo con los grandes jefes narcos, el candidato anunció que el ex jefe de policía colombiano Oscar Naranjo será uno de sus principales asesores. Naranjo fue el más alto funcionario policial durante la presidencia de Álvaro Uribe, y es considerado por algunos como un “agente especial” de la DEA.
La candidata del PAN, Josefinia Vázquez Mota, ha jugado por su parte la carta del género, poniendo el acento en que es “diferente” a los demás candidatos. A pesar del interés que despertó por ser la primera mujer que compite por la presidencia, las encuestas indican que Vázquez Mota está condenada a pagar los errores de doce años de administración panista.
López Obrador, que seis años atrás perdió la elección contra Calderón por un pelo (0.56 por ciento), llevó mientras tanto una campaña muy distinta a la que realizó entonces. En 2006, su postura anti-establishment y su inicial rechazo a aceptar los resultados del escrutinio asustaron a muchos; ahora propone un gobierno de unidad nacional basado en los principios del amor (sic). Dejando de lado el discurso clasista y estatista típico de otros líderes izquierdistas latinoamericanos, López Obrador ha dicho que, hoy, en México, ser de izquierda es ser honesto y ético.
López Obrador ha tenido también la audacia de nombrar a su gabinete antes de la elección. Varios de los nominados han estado ligados al PRI o al PAN, pero se alejaron desilusionados de esos partidos. Anunciado públicamente su apoyo a López Obrador, ellos han manifestado la esperanza de que éste se convierta en el equivalente mexicano de Luis Inacio “Lula” da Silva, el izquierdista que desarrolló la economía brasileña.
Como dijéramos anteriormente, lo que está en juego en esta elección es la supervivencia de la democracia mexicana. En el pasado, el presidente saliente designaba a su sucesor; hoy, los grupos de poder hacen lo mismo, pero mediante el control de la transición entre un presidente y el otro. Peña Nieto es el candidato que asegura la continuidad para las clases dominantes. Incluso el ex presidente Fox y otros líderes del PAN han anunciado públicamente que apoyan su candidatura.
Independientemente de los puntos de vista y preferencias políticas de cada uno, y a pesar de la vaguedad retórica de López Obrador, su victoria podría traer un muy necesario cambio a la política mexicana y renovar las esperanzas en el futuro de la democracia. Una victoria de Peña Nieto, por el contrario, debería ser causa de alarma. La cuestión central a dilucidar este domingo es si las mismas elites que han manejado al país desde la década de 1940 lo seguirán haciendo, o si una verdadera oposición tendrá finalmente la oportunidad de gobernar.
Traducción al español de Claudio Iván Remeseira.
