Durante casi 40 años, el Consejo Norteamericano de Intercambio Legislativo (ALEC es su sigla en inglés) realizó la paciente y sigilosa tarea de armar conexiones entre empresarios y legisladores conservadores. Pero desde que el año pasado los secretos de esta organización comenzaron a filtrarse a la prensa, algunos de sus miembros han comenzado a sentir el tipo de atención y antipatía pública que pone muy incómodos a CEOs e inversores.

Algunos de estos socios corporativos, como Pepsi, optaron por hacer mutis por el foro en silencio. Otros, como la Urban League, NAACP, People for the American Way y Common Cause pusieron el grito en el cielo cuando supieron que ALEC estaba impulsando proyectos de ley para hacer más estrictos los requisitos de identificación de votantes, así como otras iniciativas igualmente diseñadas para limitar la participación ciudadana en las urnas.

El éxodo realmente comenzó cuando las repercusiones por la muerte de Trayvon Martin pusieron en primer plano las llamadas “leyes de defensa propia” (stand your ground laws, en inglés). Una coalición liderada, entre otros, por Color of Change y el Center for Media and Democracy, logró convencer a Coca-Cola, Kraft Foods, Intuit y la Fundación Bill y Melinda Gates de que renunciaran a su membrecía.

La campaña funcionó. El 17 de abril último, ALEC anunció el cierre de su oficina de Seguridad Pública y Elecciones, responsable de un sinnúmero de proyectos de ley de gatillo fácil, reglamentación de identidad de votantes, privatización de cárceles y medidas anti-inmigratorias.  Este, sin duda, es un paso importante. Apenas un año atrás, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera había oído hablar de ALEC. Gracias a la filtración de sus documentos al Center for Media and Democracy y The Nation y a la campaña digital llevada a cabo durante las últimas semanas —que hizo decir al director de asuntos externos de la organización que ésta estaba siendo “asesinada” en las redes sociales—, ALEC ha dejado de ser un misterio.

La institución, por cierto, sobrevivirá, gracias sobre todo a las millonarias contribuciones de los riquísimos hermanos Koch y sus amigos empresarios. Los activistas deben mantener la presión sobre ellos, pero su principal blanco deben ser los más de dos mil legisladores socios de ALEC: ellos son los verdaderos culpables; el Center for Media and Democracy ha publicado una lista con sus nombres en el sitio web ALECexposed.org. Al mismo tiempo, el Progressive Change Campaign Committee está presionando a los políticos demócratas que pertenecen a este club mayormente republicano para que renuncien a su afiliación. Si ellos se van de ALEC, ésta no podrá seguir diciendo que es una organización no-partidaria.

Common Cause sostiene que ALEC ha abusado de su status de exención impositiva al hacer lobbying; en este sentido, el representante de Wisconsin Mark Pocan ha presentado un proyecto de ley para que la organización se registre como lobista en ese estado. Pero fundamentalmente, a medida que se acercan las elecciones de noviembre, el movimiento “Exit Alec” debe poner el acento en el daño causado por este grupo.

En los últimos dos años, treinta y cuatro estados han dado curso a proyectos de ley que apuntan a restringir el derecho a votar de unos 5 millones de ciudadanos; nueve han sancionado legislaciones de este tipo; y decenas de otros estados han eliminado la votación temprana o saboteado campañas de registración (tal es el caso, en Florida precisamente, de la League of Women Voter y de Rock the Vote). La más afectada por esta situación es la población negra, Latina, y otros grupos que tienden a votar por el partido Demócrata.

Es por esta razón que The Nation se ha unido a Colorlines.com. El objetivo de nuestra alianza es vigilar la marcha de estos procesos anti-democráticos y continuar haciendo campaña por la registración universal. La mejor manera de revertir el daño causado por ALEC es remplazar las leyes de supresión de votantes por otras que alienten la participación general, quitando el poder a los operadores de estas organizaciones para volver a depositarlo en las manos del pueblo.

Traducción al español por Claudio Iván Remeseira.